Desproporcionalidad en la determinación de la reparación civil en el proceso de terminación anticipada e incorporación del tercero civilmente responsable en segunda instancia (Casación 37- 2008, La Libertad)

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN Nro. 37– 2008
LA LIBERTAD

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, diez de marzo de dos diez.-

VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación —concedido por las causales de desarrollo de la doctrina jurisprudencial y errónea interpretación de la ley material, previstas en el artículo cuatrocientos veintinueve, apartados cinco y tres, respectivamente, del nuevo Código Procesal Penal— interpuesto por el encausado GERARDO FEDERICO TELLO PRETELL contra la sentencia de vista de fojas ciento catorce, del once de septiembre de dos mil ocho, en el extremo que integró como Tercero Civilmente Responsable a la Empresa Agregados Servicios y Proyectos – ASERPO S.R.L. y que revocó la sentencia anticipada de primera instancia de fojas setenta y uno, del once de junio de dos mil ocho, en cuanto fijó el monto de la reparación civil en cien mil nuevos soles más los costos que importe la refacción o restitución del valor del vehículo, que solidariamente deberá pagar con el tercero civilmente responsable – Empresa Agregados Servicios y Proyectos S.R.L.; en el proceso seguido en su contra como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo en agravio de Fernando Alcibíades Torres Rodríguez.

Interviniendo como ponente el señor Príncipe Trujillo.

FUNDAMENTOS DE HECHO
I. Del itinerario del proceso en primera instancia.

PRIMERO. El encausado Gerardo Federico Tello Pretell fue investigado penalmente, con arreglo al nuevo Código Procesal Penal. El día veintinueve de febrero de dos mil ocho, en una de las oficinas del Cuarto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Trujillo, ante el Fiscal Provincial Titular, compareció el encausado Tello Pretell, quien en presencia de su abogado defensor y en mérito de las conversaciones sostenidas en el curso de la investigación preliminar, firmó el Acta de Acuerdo Provisional de Terminación Anticipada de Proceso de fojas uno, la misma que fue puesta en conocimiento de la parte civil con fecha nueve de abril de dos mil ocho —conforme consta de la notificación cursada de fojas catorce— para que pueda pronunciarse acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos sesenta y ocho apartado tres del nuevo Código Procesal Penal.
En la referida acta se acordó, respecto de la pena a aplicarse, que ésta sería de cuatro años de pena privativa de la libertad, la misma que descontada la sexta parte establecida en el artículo cuatrocientos setenta y uno del nuevo Código Procesal Penal sería de tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de tres años.

En lo concerniente al extremo de la reparación civil, se fijó en la suma de veintiocho mil nuevos soles a favor de los herederos legales del occiso Fernando Alcibíades Torres Rodríguez. También se estableció reglas de conducta.

Finalmente, el encausado Tello Pretell instruido de los alcances del presente Acuerdo Provisional aceptó su culpabilidad y la pena acordada, así como la reparación civil fijada y sus formas de pago, al igual que las potestades del Ministerio Público, las normas de conducta fijadas en ese Acuerdo Provisional y la celebración de la Audiencia de Terminación Anticipada.

SEGUNDO: La Audiencia de Terminación Anticipada se realizó el día diez de junio de dos mil ocho —obrante a fojas sesenta y nueve—. Asistieron el Fiscal, el imputado Tello Pretell y la parte civil —debidamente representados—. Ésta última se opuso porque consideró que el monto de la reparación civil era muy irrisorio, agregando que apelará en este extremo independientemente de la decisión judicial que se tome —manifestación que quedó registrada en audio—.

TERCERO: En la continuación de la Audiencia Privada de Terminación Anticipada —véase acta de fojas setenta y uno—, el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó la sentencia anticipada de fojas setenta y uno, del once de junio de dos mil ocho, cuyos extremos son los siguientes:

i) Aprobó el acuerdo de terminación anticipada acordada entre el Fiscal Provincial de Trujillo y el imputado Tello Pretell;

ii) Condenó a Gerardo Federico Tello Pretell como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo, a tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de tres años e inhabilitación de un año para conducir cualquier vehículo motorizado, bajo reglas de conducta;

iii) Fijó en veintiocho mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor de la parte agraviada.

Contra el extremo de la reparación civil que fijó la sentencia, la agraviada manifestó no estar conforme, por lo que apeló en la misma Audiencia, la que se formalizó por escrito de fojas setenta y ocho. Este recurso fue concedido por auto de fojas ochenta y cinco, del dieciocho de junio de dos mil ocho.

II. Del trámite recursal en segunda instancia.

CUARTO. El Superior Tribunal, culminada la fase de traslado de la impugnación, y realizada la audiencia de apelación conforme aparece del acta de fojas ciento nueve, del cinco de septiembre de dos mil ocho, cumplió con emitir y leer en audiencia privada la sentencia de apelación de fojas ciento catorce, del once de septiembre de dos mil ocho.

QUINTO. La sentencia de vista, por unanimidad, integró la sentencia de primera instancia para tener como Tercero Civilmente Responsable a la persona jurídica Empresa Agregados Servicios y Proyectos Sociedad de Responsabilidad Limitada – ASERPO S.R.L.; y revocó la misma en el extremo de la reparación civil; reformándola: fijó en cien mil nuevos soles más los costos que importe la refacción o restitución del valor de vehículo dañado, montos que deberán ser abonados por el sentenciado de forma solidaria con el tercero civilmente responsable.

III. Del Trámite del recurso de casación del acusado Tello Pretell.

SEXTO. Leída la sentencia de vista y cursada las respectivas notificaciones a las partes, el acusado Tello Pretell interpuso recurso de casación mediante escrito de fojas ciento veintisiete. Introdujo cuatro motivos de casación: a) inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal o material; b) falta de aplicación de la Ley penal u otras normas jurídicas; c) falta o manifiesta ilogicidad de la motivación; y, d) por apartarse de la doctrina jurisprudencial. Concedido el recurso por auto de fojas ciento noventa y tres, del uno de octubre de dos mil ocho, se elevó la causa a este Supremo Tribunal con fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho.

SÉPTIMO. Cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, esta Suprema Sala, por mayoría, mediante Ejecutoria de fojas catorce, del cuaderno de casación, del dos de febrero de dos mil nueve, admitió a trámite el recurso de casación por la causal de desarrollo de la doctrina jurisprudencial y errónea interpretación de la ley material en el extremo de la responsabilidad civil.

OCTAVO. Instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el día de la fecha, instalada la audiencia y realizados los pasos que corresponden, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

NOVENO. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública —con las partes que asistan— se realizará por la Secretarla de la Sala el día diez de marzo a horas ocho y treinta de la mañana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Del ámbito de la casación.

PRIMERO. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas catorce, del cuaderno de casación, del dos de febrero de dos mil nueve, el motivo aceptado del recurso de casación se centra en el desarrollo de la doctrina jurisprudencial y en lo atinente a la interpretación de las normas referentes a la reparación civil, prevista en el apartado tres del artículo cuatrocientos veintisiete del nuevo Código Procesal Penal.

SEGUNDO. Los agravios que invocan son: i) que no existen fundamentos jurídicos válidos para la elevación de la reparación civil, siendo por el contrario que la sentencia recurrida se sustenta en hechos falsos, no probados, no aceptados por él, ni expresados en el acuerdo de terminación anticipada; ii) que el Tribunal de Apelación afectó el principio de congruencia procesal penal y civil, pues se han tomado como cierto hechos que no han sido incluidos en el acuerdo de terminación anticipada —incongruencia procesal penal— y porque ordenó la restitución del bien a favor del actor civil, cuando este extremo en ningún momento se ha planteado como pretensión resarcitoria del daño causado que se le restituya o refaccione el bien colisionado —incongruencia procesal civil—; iii) que se busca la indemnización de terceras personas que no se encuentran jurídicamente bajo tutela del agraviado, entre ellos, una menor que no es hija —natural ni adoptiva— del agraviado, ni de la cual era su tutor ni poseía algún cargo jurídico que lo obligue con la educación de ésta, ni respecto de nietos sobre los cuales no ejercían una relación de dependencia con el agraviado; y iv) que el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta que el criterio para otorgar una reparación civil en caso de fallecimiento es el “proyecto de vida del agraviado” que se vio afectado por el hecho antijurídico.

II. Del pronunciamiento del Tribunal de Apelación.

TERCERO. La sentencia de vista impugnada en casación precisó lo siguiente:

A. Que ha quedado acreditado que la conducta delictiva desarrollada por el sentenciado ha producido como daño emergente la muerte del agraviado Fernando Torres Rodríguez y la destrucción del auto del agraviado. A consecuencia de este daño emergente, también han producido daños de tipo moral y económico a los deudos del agraviado.

B. Que el agraviado occiso, no obstante, sus setenta años de edad, trabajaba como taxista en horario nocturno, con lo cual era el sostenimiento económico de su familia, la misma que está constituida por su esposa y una menor de la cual se hicieron cargo. También se tiene en cuenta el dolor e impacto emocional que ocasionó la muerte del agraviado a las mismas y, además, a los nietos del occiso cuyo impacto psicológico ya ha sido determinado en los informes que obran en autos y que no han sido objetados por la defensa, más aún teniendo en cuenta las graves circunstancias de la comisión del delito.

De igual modo se valora la conducta del acusado al tratar de evadir su responsabilidad e intentar fugar del lugar, sin prestar auxilio a su víctima con lo cual habría aminorado los efectos de su impericia, sino muy por el contrario, arrastró al agraviado algunos metros, con lo que demostró una total indiferencia por la vida humana y el pacífico goce de los derechos de los demás.

C. Que, en igual sentido, también debe comprenderse como perjuicio económico los daños materiales ocasionados al vehículo del agraviado al quedar totalmente inoperativo para el servicio de taxi con el cual mantenía a su familia, lo que debe ser objeto de restitución.

D. Que es necesario, por tanto, incrementar el monto de la reparación civil fijada por el A quo, al no estar en correlación con los fundamentos fácticos y normativos que se han detallado en la presente resolución, sin guardar la proporcionalidad real del daño ocasionado. Se recurre al principio de equidad, dado el carácter subjetivo de este tipo de daños, su dificultad de probanza y medición dentro del proceso. Por ello se justifica el monto de incremento a cien mil nuevos soles la reparación civil, y se dispone la restitución de su valor para garantizar la subsistencia de los damnificados, lo que deberá ser establecido en vía de ejecución.

E. Que en la relación jurídico procesal penal se encuentra como Tercero Civilmente Responsable la Empresa Agregados Servicios y Proyectos Sociedad de Responsabilidad Limitada – ASERPO S.R.L., hecho que se ha omitido involuntariamente por el A quo al momento de resolverse la solicitud de terminación anticipada en orden al pago de la reparación civil, por lo que debe integrarse la sentencia de primera instancia en el sentido de tener responsabilidad civil por las consecuencias jurídicas del delito. Siendo así, el pago de la reparación civil debe ser solidaria entre el sentenciado y la persona jurídica como tercero civilmente responsable.

Estos son los fundamentos probatorios, en orden al juicio de culpabilidad, que constituyen la base del motivo de casación.

III. Del análisis de la reparación civil y sus alcances

CUARTO. La situación de hecho, objeto de subsunción jurídica, está claramente definida; y, por lo demás, no corresponde a este Tribunal de casación examinarla o, en su caso, variarla, por expreso mandato del artículo cuatrocientos treinta y dos apartado dos del nuevo Código Procesal Penal. Es de puntualizar, al respecto, que el recurso de casación por su propia naturaleza no constituye una nueva instancia y es de cognición limitada, concentrado en la questio jurís.

QUINTO: Para el análisis del recurso de casación se tiene:

A. Rige lo estipulado en el artículo cuatrocientos sesenta y ocho inciso siete del nuevo Código Procesal Penal que prescribe: “la sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales. Los demás sujetos procesales, según su ámbito de intervención procesal, pueden cuestionar la legalidad del acuerdo y, en su caso, el monto de la reparación civil. En este último caso, la Sala Penal Superior puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil”.

B. Es legítimo, por tanto, que la agraviada apelara la sentencia anticipada en el extremo que fijó la suma de cien mil nuevos soles por concepto de reparación civil -monto que solidariamente tendría que pagar con el tercero civilmente responsable-, porque en su escrito de apelación fijó como pretensión civil la suma de doscientos cincuenta mil nuevos soles.

C. El Tribunal de Apelación si bien tiene la potestad de aumentar o disminuir el monto fijado por concepto de la reparación civil, en el presente caso se excedió al incrementarla en la suma de cien mil nuevos soles, pues para ello se basó en argumentos que no lo justifican: i) el dolor e impacto emocional que ocasionó la muerte del agraviado a los nietos del occiso, y ii) los daños materiales ocasionados al vehículo del agraviado al quedar totalmente inoperativo y porque era la herramienta de trabajo con la que mantenía a su familia.

D. En lo que respecta al impacto emocional sufrido por los nietos del agraviado, es de precisar que su reconocimiento se basó en los informes psicológicos realizados a Adriana Patricia Montenegro Torres -véase fojas cuarenta y cuatro— y a José Miguel Pajares Torres —véase fojas cuarenta y siete—, ambos nietos del agraviado. Empero, no se advirtió que del examen psicológico realizado a ambos se demostró que no existía una relación de dependencia ni estrecha cercanía entre abuelo y nietos, más aún si sus padres se encuentran con vida y están a su cargo. Asimismo, respecto al supuesto daño económico y moral producido a la menor de edad Lud Sol Cárdenas —de la que se habría hecho cargo en vida el agraviado Fernando Alcibiades Torres Rodríguez— se debe precisar que ésta no mantiene vínculo de familiaridad ni dependencia jurídica con el agraviado porque no es un familiar directo y, por ende, no existe obligación legal alguna que lo vincule con el agraviado, máxime si no consta prueba específica que acredite ser hija alimentista del agraviado Fernando Alcibiades Torres Rodríguez.

En tal virtud, este extremo carece de suficiente asidero para sustentar un aumento en el monto de la reparación civil.

E. Si el bien jurídico tutelado por el delito de homicidio culposo es la vida humana, no es correcto que la Sala Superior adicionalmente ordene el pago de los costos que importe la refacción o restitución del valor del vehículo del agraviado —los mismos que deberán ser pagados en forma solidaria con el tercero civilmente responsable—, puesto que el bien jurídico que aquí se protege y el objeto de la reparación civil está circunscrito a la vida humana y a todo aquello directa o indirectamente referido al resarcimiento de los daños tendientes a la satisfacción de ese atentado al aludido bien jurídico. Por consiguiente, el pago de los costos de restitución del vehículo no es congruente con el daño generado por el delito de homicidio culposo a los agraviados, en tanto parientes del occiso, sin perjuicio que debe dejarse a salvo el derecho de aquellos para acudir en este ámbito específico a la vía civil.

En suma, no existen elementos de juicio consolidados que sustenten válidamente el incremento de la reparación civil.

Este argumento también se rechaza.

SEXTO: En lo atinente al Tercero Civilmente Responsable es correcta la actuación del Superior Colegiado, pues al advertir la existencia de un tercero civil responsable, de acuerdo a la concordancia de lo dispuesto en los artículos noventa y tres y noventa y cinco del Código Penal —norma última que señala que la reparación será solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente responsables— incorporó a la Empresa Agregados Servicios y Proyectos Sociedad de Responsabilidad Limitada – ASERPO S.R.L. para que conjuntamente con el procesado Tello Pretell cumpla con el pago de la pretensión económica fijada por concepto de reparación civil, no sólo porque por error involuntario el Juez de la Investigación Preparatoria omitió pronunciarse al respecto, sino también porque constituyó uno de los argumentos invocados por la agraviada en su escrito de fojas setenta y ocho: “el imputado no solo era socio y gerente de la citada empresa, sino también poseía gran parte de dichas acciones”. No existió indefensión material al incorporarlo como tal, y la necesidad de su concurrencia como obligado civil surge del artículo noventa y cinco del Código Penal, por tanto, teniendo en cuenta los lineamientos de la norma sustantiva antes acotada -artículo noventa y tres del referido cuerpo legal- y de acuerdo a los fundamentos jurídicos precedentes, debe disminuirse prudencialmente.

IV. De las costas

SÉPTIMO: Con arreglo al artículo cuatrocientos noventa y siete del nuevo Código Procesal Penal corresponde pronunciarse sobre las costas del recurso. El recurrente no sólo ha sido declarado culpable sino que también el presente recurso de casación ha sido desestimado en uno de sus extremos impugnados —artículos quinientos apartado uno y quinientos cuatro apartado dos del nuevo Código Procesal Penal—. Empero, al haber existido razones serias y fundadas para promover en uno de sus extremos el recurso de casación cabe eximirlo del pago de las costas —artículo cuatrocientos noventa y siete apartado tres del nuevo Código Procesal Penal—.

DECISIÓN
Por estos fundamentos:

I. Declararon FUNDADO EN PARTE el recurso de casación por el motivo desarrollo de la doctrina jurisprudencial y errónea interpretación de la ley material interpuesto por el acusado GERARDO FEDERICO TELLO PRETELL contra la sentencia de vista de fojas ciento catorce, del once de septiembre de dos mil ocho, que revocando la sentencia anticipada de primera instancia de fojas setenta y uno, del once de junio de dos mil ocho, en el extremo del monto de la reparación civil, fijó en cien mil nuevos soles más los costos que importe la refacción o restitución del valor del vehículo, que solidariamente deberá pagar con el tercero civilmente responsable; reformándola: FIJARON en sesenta mil nuevos soles que solidariamente deberá pagar con el tercero civilmente responsable; e INFUNDADO el pago de los costos que importe la refacción o restitución del bien del valor de vehículo de placa de rodaje BI guión tres mil quinientos cincuenta y tres; DEJARON a salvo su derecho a recurrir a la vía civil; en el proceso seguido en su contra como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo en agravio de Fernando Alcibíades Torres Rodríguez.

II. EXONERARON en el pago de las costas de la tramitación del recurso de casación al recurrente Gerardo Federico Tello Pretell.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes.

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.-

Ss.
SAN MARTÍN CASTRO LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
PRÍNCIPE TRUJILLO
CALDERÓN CASTILLO

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